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Comentario a la ley provincial 12967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por Oscar Davini


Ley provincial … y ley 26

 

Ley provincial 12967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Oscar Davini

 

         La provincia tiene su ley de promoción y protección de la niñez y adolescencia. Lleva el N° 12.967. Fue sancionada el 19 de marzo de este año y publicada el 22 de abril.

La norma tiene varias similitudes con la ley nacional y por ello le pueden caber las mismas críticas que se le efectuaron –desde la doctrina- a dicha norma. 

         Este modesto artículo solo pretende ser un primer acercamiento al nuevo ordenamiento.         Dentro de algún tiempo será posible efectuar otro análisis pero ya a la luz de aportes doctrinarios y resoluciones judiciales. Es decir, de la experiencia (hay varios temas que merecen particular interés y abordaje propio, uno de ellos es el Título IV que trata las Medidas de Protección Integral y Excepcionales).

 

Breve comentario de situación.

         Cuando se trata de proteger a un grupo vulnerable -como es el caso de los niños- las regulaciones legales corren algunos riesgos.

         Uno es la grandilocuencia terminológica. Es decir, el empleo de términos ampulosos y abarcativos con el buen fin de intentar obtener la mayor cobertura legal posible sin dejar ningún nicho de desprotección.

Otro riesgo es la superposición de normas parecidas pero no iguales que obligan a un esfuerzo interpretativo desmesurado. Claro que siempre es posible resolver la cuestión con un salto a los grandes principios que están en la Constitución Nacional, los tratados de Derechos Humanos, la jurisprudencia de tribunales internacionales y nacionales. Pero a veces las urgencias de los chicos no permiten ciertos lujos como la intrincada discusión jurídica.

         Por favor que se entienda bien: como abogado no reniego del debate. Estamos formados y entrenados para eso. Es siempre necesario confrontar opiniones y es mejor si quien la sostiene lo hace fundado en horas dedicadas al estudio y la reflexión. Solo un abogado al que apasiona el Derecho entiende el placer que causa una buena discusión jurídica.

         Pero también es cierto que en ocasiones, aquellos que nos apasionamos con un tema, lo estudiamos por años, trabajamos en él, terminamos enamorándonos de nuestros propios discursos y perdemos de vista al sujeto concreto que motivó tantos desvelos.

         Ahora bien, me pregunto si es de buena técnica legislativa que una ley en cuyo artículo 1 adhiere a la ley 26.061 sin más luego enumere las mismas ideas a las que ya manifestó su adhesión (aunque –como decíamos al inicio- con redacción no siempre idéntica). E insisto en el interrogante cuando recuerdo las críticas de la doctrina a la ley nacional.

         Tal vez hubiese bastado con regular cuestiones particulares no previstas en la ley nacional y que no se contrapongan, que traten materias no delegadas, que brinden una protección más amplia o que creen o adecuen los organismos locales de aplicación.

         La ley provincial también hace un poco de todo eso.

El tiempo y el accionar de los operadores –administrativos y judiciales- irán dando carnadura al nuevo sistema. Porque, como ha dicho el Dr. Erbetta, “... las leyes son papeles y no cambian la realidad por sí solas”. [1] Agrego con modestia: lo que sí puede cambiar la realidad es el compromiso de las personas y el aporte del Estado (en políticas y asignaciones presupuestarias).

En ese sentido entiendo que es esencial e ineludible deponer cierta actitud de soberbio fanatismo institucional y trabajar coordinadamente entre los distintos poderes.

En efecto, los operadores del sistema somos seres humanos que ocupamos ciertos cargos en dependencias estatales (juzgados, direcciones provinciales, municipalidades).

Entonces escuchemos e integremos la opinión –fundada y seria- de cada actor e intentemos contribuir para encontrar la solución más simple y efectiva posible para el problema concreto que nos plantea un ser –o grupo- humano igualmente concreto.

Sólo el accionar comprometido de las personas que integramos el sistema nos dirá si esta ley es un instrumento de excepcional valía o solo otro montón de palabras tan bellas como baladíes. 

Es igualmente necesario que los poderes respectivos asignen recursos económicos, humanos y de infraestructura suficientes para que sea posible la efectiva aplicación. Sin profesionales idóneos, sin programas ni instituciones adecuadas para alojar niños cuando es necesario (las que no solo deben existir sino estar en condiciones de habitabilidad compatibles con la dignidad humana de personas menores de edad) no existe sistema de protección y promoción viable. Solo así podrá hacerse realidad lo regulado por la ley comentada en su art. 31, tercer párrafo (prevé que la Subsecretaría de la Niñez garantice programas e instituciones con la modalidad de puertas abiertas como centros de día, centros de atención inmediata, paradores nocturnos, albergues temporarios, etc.)

Hecha esta breve y catártica introducción, pasemos al análisis normativo.

 

Descripción de la ley 12.967:

         Ya en el título se advierte la preocupación particular en la elección de las palabras –que está presente en toda la norma-. Esta ley es llamada de “promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. La ley 26.061 sólo refiere a la “protección integral”.

Tiene 74 artículos y está dividida en seis títulos:

I)                   disposiciones generales;

II)                 principios derechos y garantías;

III)               sistema provincial de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

IV)               medidas de protección integral y excepcionales-procedimientos;

V)                 presupuesto y financiamiento;

VI)               disposiciones complementarias.

Atento el carácter y redacción de la norma, el método que seguiré es el de señalar aquellos rasgos distintivos de esta ley con respecto a su antecedente nacional de tal suerte que, cuando no exprese salvedades, es porque el tratamiento es idéntico.

Más allá de ciertas coincidencias terminológicas aparentes, se establecen algunas diferencias un poco más que sutiles.

Veamos sólo algunas de ellas en mérito a la brevedad:

1)     En el Título I, la ley declara su adhesión a la nacional N° 26.061 y describe su objeto (art. 1). El art. 1 agrega al nombre de la ley el vocablo “promoción” al de protección. Según el Diccionario de la Real Academia, la tercera acepción del verbo promover es “elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, etc.”, mientras que proteger es tanto “amparar, favorecer, defender” como “resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc.”. Desde esta perspectiva creo que es correcto el uso de los vocablos porque describen con certeza los fines que la norma persigue. ; declara como sujetos comprendidos las personas hasta los dieciocho años (art. 2); establece la obligación para todas las medidas que promuevan cualquier institución pública o privada de hacer primar el interés superior del niño y establece el deber para los organismos provinciales, municipales y locales de adecuar la normativa a los postulados de la ley (art. 3).

2)     El art. 4 refiere qué se entiende y como se determina el interés superior del niño.

3)     El art. 5 desarrolla con más detalle que el art. 4 de la ley nacional lo relativo a las políticas públicas. En el primer párrafo las define como “… aquellas conformadas por el conjunto de lineamientos y formulaciones explícitas que, emanadas del Gobierno de la Provincia, incluyan propósitos, finalidades, estrategias y recursos para la concreción de los derechos que esta ley consagra”, las que serán desarrolladas “… por el Poder Ejecutivo en su conjunto” y enumera en nueve incisos las pautas conforme las que se elaborarán (respeto a la condición de sujetos de derecho, fortalecimiento familiar, coordinación de políticas con el estado nacional, municipal y comunal, participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y control de las políticas, etc.).

4)     El art. 6 establece como “Responsabilidad Estatal” la promoción de “… la remoción de los obstáculos de cualquier orden …” que entorpezcan el pleno desarrollo de de la niñez y su efectiva participación en la comunidad. En este caso, el art. 5 de la ley nacional –titulado “Responsabilidad gubernamental”- establece que los organismos del Estado tienen la “responsabilidad indelegable” de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.

5)     A las políticas públicas se les agrega el adjetivo de integrales (en su primer significado: global, total) pero se las detalla con bastante rigurosidad en el art. 5. Ahora bien, si comparamos los textos de este art. 5 y de los arts. 5, 6 y 7 de la ley nacional, veremos que en realidad no hay grandes diferencias de contenido.

6)     En cuanto al derecho a la educación (arts. 15, 16 y 17 en la ley nacional, 14, 15 y 16 en la provincial), ambas normas contemplan medidas de protección similares. La ley provincial desarrolla en el art. 15 una serie de derechos directamente operativos que no aparecen así en la nacional (salvo la prohibición de discriminar en caso de embarazo o maternidad que está en el art. 17).

7)     Sobre el derecho a la libertad, la ley provincial dispone una protección específica para los menores en conflicto con la ley penal y los privados de la libertad.

8)     En el art. 22 de la ley nacional se habla de derecho a la dignidad pero la norma tiene una redacción idéntica a los dos primeros párrafos del art. 19 de la ley provincial que se titula  derecho a la propia imagen que además agrega que cuando la exposición, difusión o divulgación de datos resulte manifiestamente contraria interés superior del niño, no podrán desarrollarse aunque medie el consentimiento de los sujetos de esta ley o de sus representantes legales.

9)     Tienen también una redacción distinta los artículos referidos a las garantías mínimas de procedimiento, tanto en los judiciales como administrativos. Pero en esencia está claro en ambas normas el sentido de la protección que debe darse a cualquier menor sujeto a proceso.

En suma, al plexo normativo de protección de los derechos humanos del niño que refirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación[2] en el precedente Maldonado debemos agregar en la provincia de Santa Fe a la ley.

Ahora bien, más allá de los referidos laberintos terminológicos, hay en la norma en análisis dos cuestiones de suma trascendencia e incidencia práctica:

1.     El Sistema Provincial de Promoción y Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

2.     La asignación exclusiva de competencia penal a los juzgados de menores.

 

1) Sistema Provincial de Promoción y Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes está conformado por organismos públicos y organizaciones no gubernamentales.

Entre los primeros se cuentan:

1.a.I) La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (o el organismo que lo reemplace) será la autoridad de aplicación del Sistema Provincial (art. 32). El art. 33 enumera las funciones (coordinar el sistema provincial, diseñar las políticas públicas integrales, ejecutar descentralizadamente políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, diseñar normas generales de funcionamiento y principios que deban respetarse, promover políticas de promoción y defensa de los derechos de la niñez, entre otras muchas).

         1.a.II) La Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia (art. 34), la que se crea en el ámbito de la anterior y está integrada por un Secretario o Subsecretario de cada Ministerio.

         1.a.III) Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (art. 35), cuya función es ejercer la coordinación de las delegaciones regionales de la zona y brindar asistencia jurídica. En rigor, este organismo ya existe.

         1.a.IV) Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes (art. 36), de carácter consultivo y de asesoramiento. Lo presidirá el Subsecretario de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y está conformado por representantes de los Ministerios y reparticiones del Poder Ejecutivo Provincial vinculados a la temática y representantes de ambas Cámaras Legislativas. Pueden ser convocados también para integrarlo miembros del Poder Judicial, Universidades, Colegios Profesionales, etc. Por favor no confundir con la comisión interministerial.

         Las funciones de este Consejo están enumeradas en el art. 37: participar en la elaboración –en coordinación con la Subsecretaría- del Plan Provincial Anual de Promoción y Protección de Derechos; proponer e impulsar reformas legislativas en la materia; participar en campañas públicas de conocimiento de los derechos de la niñez; recibir anualmente el informe del Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y solicitarle información.

         1.a.V) Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes (art. 40) la que tiene a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos de los mismos.

         Está creada dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo y el funcionario depende directamente del titular de la misma. Es propuesto, designado y removido del mismo modo que el Defensor del Pueblo. Dura cinco años en el cargo y puede ser reelegido por una sola vez.

         Tiene las mismas funciones que el Defensor del Pueblo pero con respecto a los sujetos comprendidos en esta ley. Además velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías previstos en la ley; supervisar a las entidades públicas y privadas que se dediquen a estos menesteres; prestar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes; recibir denuncias y reclamos formulados por las niñas, niños y adolescentes.

         1.b) Las Organizaciones No Gubernamentales (Arts. 46 a 49):

         Son las entidades con personería jurídica que tengan por objeto desarrollar tareas referidas a la niñez.

         El art. 47 establece les establece una nueva y larga lista de obligaciones y el art. 49 dispone la creación –dentro de la estructura de la Subsecretaría- de un Registro de ellas con el objeto de controlarlas y velar por el fiel cumplimiento de la normativa.

 

         Como impresión liminar temo que tanta abundancia de órganos, comisiones y funcionarios para tratar el mismo tema –claro que se dirá que desde distintas aristas- es una potencial fuente de superposiciones funcionales y conflictos de competencia.

         Mayor cantidad de órganos de protección no necesariamente garantiza mejor calidad de protección.

La confusión en determinar quién se ocupa de qué cosa puede resultar en que nadie se ocupe de nada.

La propia ley parece haber advertido esta circunstancia y en varios artículos hace hincapié en que las cuestiones burocráticas –distribuciones de competencia y trámites administrativos o judiciales- no pueden constituirse en óbice para la inmediata protección de la niña, niño o adolescente cuando existan situaciones de grave riesgo para su vida o integridad psicofísica. (arts. 29, in fine; 58 in fine y 63, segundo párrafo).

 

2) La asignación exclusiva de competencia penal a los juzgados de menores.

 La derogación del art. 5, inc. 1) y de todos los títulos, capítulos y artículos referidos a la competencia en materia civil que establece el Código Procesal de Menores.

En este caso advierto dos fuentes de potenciales situaciones de dificultosa resolución:

2.a.- Se derogan las normas que establecen la competencia civil que regula el Código Procesal de menores.

Es claro el sistema -y es concordante con la atribución de esa potestad a los juzgados de familia- en lo relativo al control de legalidad de las medidas de protección excepcionales por el procedimiento que la ley regula.

Ahora bien, considero que debió establecerse alguna norma que regule la transición porque todavía existen en trámite causas civiles en la jurisdicción minoril, en particular con relación a las medidas excepcionales del art. 39, ley 26.061 en virtud del precedente “Aguilar” fallado por la Suprema Corte Provincial[3] y que ahora serán de competencia de los juzgados de familia.

Por ello entiendo que debió fijarse un plazo para que los juzgados vayan resolviendo esas causas residuales de modo que se terminen aquellas en que la situación de los menores lo amerite o, cuando no sea posible, establecer un modo ordenado de remisión a los juzgados de familia.

No hay otra intervención de los juzgados de menores en materia civil porque, en lo relativo al abordaje del menor en estado o situación de abandono, deben intervenir los órganos que crea y regula la ley. La intervención del Poder Judicial es posterior, a instancia de dichos organismos y le compete a los tribunales de familia.

El art. 68, al modificar la norma que lleva el mismo número en la Ley Orgánica del Poder Judicial, dio nueva redacción al inc. 4 y agregó los litigios que versan sobre “guardas”.

Ahora bien, los arts. 36 –establece el carácter de la guarda que otorga el Juez de menores- y 37 –regula el control de la guarda otorgada- del Código Procesal de Menores no están derogados así que ahora, al menos a nivel de textos legales, coexistirá la competencia para ambos fueros. Entiendo sin embargo que esa competencia se ha desplazado a los juzgados de familia por la estructura y contenido de la ley comentada este descuido del legislador –si bien representa una desprolijidad evidente-. En particular por la enfática redacción del nuevo inc. 8 de este art. 68 que atribuye a ese sede competencia sobre “… cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria,” referida a las niñas, niños y adolescentes.

 

2.b) Conforme la nueva redacción del art. 1 del Código Procesal de Menores los jueces específicos ejercen exclusivamente la jurisdicción “en el orden penal”.

Con respecto a los menores denominados punibles por la ley de fondo (el art. 1° de la ley 22.278 establece a contrario sensu que lo son aquellos que tengan entre 16 y 18 años y se le imputen delitos que tengan prevista una pena de prisión mayor de dos años), no hay mayores cuestiones.

Ahora bien, la norma no toca los artículos referidos al procedimiento con respecto a los menores no punibles (los que tienen menos de 16 años o entre 16 y 18 cuando el delito esté reprimido con pena no superior a 2 años, multa o inhabilitación).

Entonces ¿qué hacemos con los llamados no punibles?

Aquí me permito citar una encuesta que hizo entre los Juzgados de Menores de la Provincia la Dra. María del Carmen Musa –titular del Juzgado de Menores N° 1 de Rosario-.

La prestigiosa magistrada planteó los siguientes interrogantes con respecto al tratamiento de los menores no punibles:

Posición A: En virtud de la eliminación de la competencia civil de los Juzgados de Menores y de que los menores no punibles no están sometidos a proceso penal, no debe investigarse más el injusto aparentemente cometido por un no punible y, en consecuencia, imponer a la preventora que no comunique más los hechos referidos a menores no punibles a los Juzgados.

Posición B: Como el capítulo de la ley 11.452 referido a no punibles no fue derogado por la ley provincial de Protección Integral, corresponde recibir el Parte Preventivo e investigar el hecho decidiendo el juez en cada caso tomar o no declaración informativa al presuntamente involucrado. Luego

                                   B1) DEBE remitirse obligatoriamente el caso a la Dirección Provincial

                                   B2) PUEDE remitirse el caso a la Dirección Provincial según los antecedentes del menor involucrado o la gravedad del hecho atribuido.

                                   Cualquiera sea la opción anterior (B1-B2)

                                    B1-B2 A) Puede aplicar medida tutelar (art. 35 CPM) que no implique restricción de libertad

                                   B1-B2-B)  No puede aplicar medida tutelar (art. 35 CPM)

         Algunos sostuvimos[4] lo siguiente –de manera liminar-: De acuerdo a la nueva redacción que se da al art. 1, si la competencia es solo "penal" y estamos ante un no punible o inimputable con respecto al que, justamente no se puede tener ninguna intervención de esa naturaleza, la respuesta es POSICION A. Ahora bien, dado que descontamos que la policía seguirá consultándonos en días y horas inhábiles porque estamos de turno permanente ahí creemos que deberíamos actuar como en la POSICION B. Dentro de esta, la B2-B.

         Otros colegas sostuvieron la Posición B1 o la A (que ni el parte preventivo pase por el Juzgado).

         La disparidad de criterio se tratará en una próxima reunión del fuero de menores. Sólo se la plantea para hacer ver que la cuestión no es pacífica, genera posiciones fundadas en todos los sentidos y seguramente será materia litigiosa.

 

Otros temas:

Además de lo hasta aquí expuesto la norma presenta otras novedades que merecen ser consideradas así como también los inconvenientes que pueden generar algunas de ellas:

I) Derogación del patronato:

La nueva ley ha derogado el art. 2 del Código Procesal, por lo que los jueces de menores no tienen ya a su cargo el patronato de menores.

Conforme hemos sostenido en otra oportunidad[5], considero que esta norma ya estaba derogada tácitamente por lo que la nueva norma ha zanjado definitivamente a la cuestión.

 

II) La Secretaría Social:

La ley, a pesar de limitar la competencia de los juzgados de menores a la materia penal y derogar todo el articulado referido a la civil, no ha dicho nada en relación a la Secretaría Social.

No hay modificación en ese sentido en el artículo específico de la Ley Orgánica ni tampoco al art. 23 del C.P.M.

Atento a que la competencia en lo civil ha desaparecido de la norma, entiendo que la parte del artículo que refiere a las causas derivadas de la Secretaría Civil ha quedado derogada tácitamente. De otro modo no tendría ningún sentido porque ya no existirán causas para derivar.

En consecuencia, la Secretaría Social subsiste en funciones pero en relación exclusiva con las causas derivadas por la Secretaría Penal.

 

III) Situación de la Secretaría Civil:

Sin perjuicio de la ya referida ausencia de norma de transición para las causas civiles, existen otros olvidos del legislador que es menester considerar. Olvidos que resultan difíciles de explicar en una ley que ha procurado ser muy cuidadosa en su redacción.

No se han derogado los arts. 6, inc. 1) –referido a las pautas de atribución para determinar la competencia civil- y 21 -establece las causas en las que interviene la Secretaría Civil-.

Sin perjuicio de la desprolijidad técnica entiendo que estas normas están tácitamente derogadas simplemente porque ya no hay competencia civil. Toda interpretación contraria conduciría al absurdo de atribuir competencia y conservar la función de un órgano para realizar una tarea que le ha sido quitada.

Empero subsiste otro problema. Tampoco se ha modificado el art. 181 de la Ley Orgánica el cual establece que los juzgados de menores tendrán tres secretarías y una de ellas es la civil (inc. b).

Esta cuestión puede tener un solución basada en reglas clásicas de interpretación normativa: atento a que la nueva ley es posterior a la orgánica del Poder Judicial -además es ley especial-, puede entenderse que el inc. b) de dicho artículo ha quedado derogado y en consecuencia ahora no hay tres secretarías por juzgado sino dos.

¿Cuál será el destino de las personas que ocupan actualmente esos cargos? La norma no lo resuelve. Pero es claro que se necesitará una reglamentación razonable y adecuada que contemple la situación de estos funcionarios judiciales que han accedido al cargo por un procedimiento legítimo y tienen un derecho adquirido a que se les respete su cargo y categoría presupuestaria dentro de la estructura del Poder Judicial (en virtud del art. 182 de la misma ley orgánica dichos funcionarios tienen cargo de Secretario de primera instancia de distrito).

 

IV) La competencia para las medidas excepcionales:

El art. 51 coloca el control de legalidad de las medidas de protección excepcional que adopten los organismos administrativos competentes en “… la autoridad judicial competente en materia de familia.”

El art. 65 comienza así “Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en materia de familia,…”

La nueva redacción dada al art. 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, agrega los incs. 7 y 8. Quedan entonces dentro de la competencia material de los Juzgados de Familia “… los asuntos relacionados con el control de legalidad de las medidas de protección excepcionales por el procedimiento especial establecido en la ley Provincial de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes” (inc. 7) y “… aquellas situaciones que impliquen violación de intereses difusos reconocidos constitucionalmente y en los que se encuentren vinculados niñas, niños y adolescentes y en cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria referida al derecho de familia y de las niñas, niños y adolescentes con excepción del derecho sucesorio” (inc. 8).

En esto la ley coincide con la ley nacional. La posición que adopta es contraria a lo fallado por la Corte provincial en el precedente Aguilar ya citado.

 

V) El registro de adoptantes:

Otro tema que permanece en un estado de confusión es el manejo del Registro de Adoptantes. Ese estado de incertidumbre es preexistente a la nueva ley pero esta lo agrava.

Antes tenía algún punto de conexión en la competencia civil de los juzgados de menores.

Hoy, cuando ese vínculo ha desaparecido y solo subsiste la competencia penal, no se advierte el motivo ni el sentido que justifiquen que tal registro siga a cargo del fuero minoril.

Tendrá que sancionarse una ley que resuelva esta cuestión de algún modo razonable. En ningún caso el registro de adoptantes –que implica no solo la inscripción sino también la evaluación psico social de los postulantes- podrá estar a cargo de ningún órgano jurisdiccional. A este solo debe corresponder el trámite procesal que termine en el otorgamiento de la guarda preadoptiva y en su caso, de la adopción misma. Nada más.

 

Final (provisiorio)

Tenemos nuestra propia ley provincial de promoción y protección de la niñez. Es siempre mejor tener la herramienta.

Es seguro que habrá otros comentarios y no faltará oportunidad para detenerse en normas específicas de esta ley.

Por ahora, espero haber podido ser claro en cuanto a lo que deseaba transmitir en este primer acercamiento a la nueva norma. Una especie de sobrevuelo de aproximación.

Estamos ante una oportunidad de mejorar la situación de la niñez en la Provincia. Ojalá seamos capaces de transmutar las palabras en hechos.

Sólo resta esperar que la profusión retórica -de la que creo haber dado un panorama- no nos deje sumergidos en la nube de la duda. Porque, cuidado, no siempre la incertidumbre enamora –en ocasiones desespera-[6].

 

 

 

 

Cuadro comparativo de derechos amparados y artículos que los regulan:

DERECHO

Ley 26.061

Ley 12.967

Objeto

Art. 1

Art. 1

Sujetos comprendidos

Art. 2

Art. 2

Aplicación obligatoria

Art. 2

Art. 3

Interés superior

Art. 3

Art. 4

Políticas públicas

Art. 4

Art. 5

A la vida

Art. 8

Art. 9

A la dignidad e integridad personal

Art. 9

Art. 10

A la vida privada e intimidad familiar

Art. 10

Art. 12 (a la convivencia familiar y comunitaria)

A la identidad

Art. 11

Art. 11

A la identificación e inscripción

Art. 12

Art. 26

A la documentación

Art. 13

Art. 26

A la salud

Art. 14

Art. 13

A la educación y gratuidad de la misma

Arts. 15, 16 y 17

Arts. 14, 15 y 16

Prohibición de discriminar por embarazo. Protección de la maternidad y paternidad

Arts. 17 y 18

 

A la libertad

Art. 19

Art. 17

Al deporte

Art. 20

Art. 18

Al medio ambiente

Art. 21

 

A la dignidad

Art. 22

 

De libre asociación

Art. 23

Art. 20 (agrega reunión y tránsito)

A opinar y ser oído

Art. 24

Art. 21

Al trabajo

Art. 25

Art. 22

A la seguridad social

Art. 26

Art. 24

Garantías de procedimientos

Art. 27

Art. 25

Principio de igualdad y no discriminación

Art. 28

Art. 7

Principio de efectividad

Art. 29

Art. 8

A la propia imagen

 

Art. 19

A la protección contra la explotación económica

 

Art. 23

Deber de comunicar y de recepcionar denuncias

Arts. 30 y 31

Arts. 27 y 28

 

 



[1]              Palabras pronunciadas por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la inauguración de las Jornadas de Interpretación del Nuevo Código Procesal Penal –organizadas por el Centro de Capacitación Judicial del mismo tribunal-, el 5 de marzo de 2009 en la Sala E del Centro Cultural Bernardino Rivadavia.

[2]              Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa Nº 1174C - CSJN - 07/12/2005: “… en la actualidad, el sistema jurídico de la justicia penal juvenil se encuentra configurado por la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, normas que resulten de ineludible consideración al momento de la imposición de penas por hechos cometidos por menores.” (considerando 34).

 

[3]              Aguilar, J. s/Su situación s/ Competencia, 3/10/2007. Publicado en Revista ZEUS N° 8341 del 27 de diciembre de 2007 con comentario del autor del presente.

[4] El autor es Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de Villa Constitución.

[5]              Ver nuestro artículo Sombras y luces del actual Código Procesal de Menores en Boletín N° 8321, de fecha 26/11/2007.

[6]              DOLINA, Alejandro. Lo que me costó el amor de Laura. CD 1, track N° 10 “La nube de la duda”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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